El establecimiento de una institucionalidad democrática sólida, verdadera y real, que le abriera al país las puertas de su entrada en el mundo globalizado del siglo XXI, pasaba necesariamente por la depuración de esa institucionalidad, tal y como existe ahora.

El expediente más legítimo para realizar esta tarea hubiera sido el referendo o consulta popular directa, que —además— hubiera servido para fortalecer la confianza del pueblo en su gobierno y para fortalecer la solidez del gobierno mediante el apoyo del pueblo. No ocurrió así. La clase política corrupta diseñó los términos de su retiro de los cargos que ostenta, así como los mecanismos para que ese retiro estuviera acompañado de la hasta ahora imbatible impunidad. ¿Por qué el Gobierno y el Presidente permitieron semejante burla al pueblo, que ahora debe responder a un referendo en el que no determinará ya absolutamente nada? Según un artículo del San Francisco Chronicle, durante la primera semana de diciembre, el Presidente tocó sin querer intereses intocables, entre los que se encuentran los del narcotráfico. Y ni modo. Ahí si que no hay nada que hacer.

Un escollo a sortear, si se hubiese seguido el camino esperado por el pueblo que apoyó al Presidente luego de la crisis de mayo, era el pomposamente llamado “conflicto armado interno”: macabra situación en la que dos facciones aparentemente enemigas han acordado tácitamente continuar con su juego bélico, ya que así, unos se legitiman ante las iglesias protestantes que contribuyen al financiamiento de sus actividades internacionales, y los otros mantienen los privilegios que implica el detener la rueda de la historia y fijar al país como una hermosa finca en la que indios y campesinos ladinos desharrapados trabajan para siempre en condiciones subhumanas las fértiles tierras de un puñado de señores feudales.

Ocurrió, sin embargo, que la parte gubernamental comenzó a hacer planteamientos igual de descabellados que los de la insurgencia, justamente —se adivina— para que la paz no se firmara. ¿Por qué? ¿Hay algún sector guerrerista en Guatemala que tiene el suficiente poder como para neutralizar al gobierno y al presidente en sus iniciales proyectos? Claro que lo hay, y parece que actuó con decisión. La sociedad civil heterogénea, que por diversas motivaciones confluyó en el derrocamiento de Jorge Serrano, era el actor social más dinámico dentro del concierto político, precisamente por la pluralidad de intereses que confluyeron y desembocaron en su acción efectiva: así, el empresariado progresista actuó enérgicamente contra Serrano porque Clinton amenazó con poner en práctica sanciones económicas contra Guatemala; los estudiantes actuaron primero, por las desesperantes condiciones educativas que se viven en el nivel secundario y, después, por inercia: una inercia que tiene que ver con la errónea concepción según la cual los estudiantes universitarios tienen en sus manos el destino del país; este espejismo —fomentado por los roles que la universidad estatal ha suplantado en la historia pasada, sustituyendo acciones sindicales, campesinas y populares— alcanzó su clímax más costoso en 1980, cuando la universidad sufrió una mutilación por parte de la contrainsurgencia de la que todavía no se recobra, ni se recobrará en lo que queda del siglo, si no logra otorgarse un gobierno universitario compacto y unificado.

¿Y qué ocurrió con otros sectores de la sociedad civil que conformaron la crisis de mayo? Lo veremos en el próximo artículo.

Publicado en Prensa Libre el 03/01/1994, Pag. 12