La actual defensa de la autonomía universitaria, que hoy se concretiza en la exigencia de su solvencia financiera al Estado autoritario que se la niega, debe constituirse en la base de una lucha más amplia y más honda: la de la defensa del carácter público del Alma Mater.

Por mandato constitucional, a la Universidad de San Carlos le corresponde el cinco por ciento anual del presupuesto de ingresos ordinarios de la nación. Gracias a la Revolución de Octubre, la USAC es una universidad pública y autónoma, lo que quiere decir que no responde al Estado en sus decisiones y conducción interna, aunque esté financiada por dineros públicos provenientes de impuestos pagados por la ciudadanía.

El sentido de la autonomía universitaria se enclava en la convicción ilustrada de que la producción de conocimientos necesita desarrollarse libre de condicionamientos ideológicos y, sobre todo, de presiones resultantes de intereses particulares de orden económico, político o cultural. En tal sentido, la autonomía universitaria es la garante de la libertad de cátedra y del carácter crítico del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula y fuera de ella. Tanto la libertad como la criticidad de la producción de conocimientos está en la base del quehacer universitario como actividad educadora de la ciudadanía. Ésta, por su parte, es la recipiendaria principal de este quehacer cognitivo y crítico, el cual se realiza con el fin de cualificar su desempeño laboral y elevar su nivel de vida y de desarrollo humano.

Si el Estado le falla a la universidad incumpliendo sus obligaciones constitucionales, asfixiándola financieramente, este Estado atenta contra la autonomía universitaria y, al hacerlo, atenta contra su propia ciudadanía, es decir, contra el estamento social que lo mantiene y cuyo bienestar es su razón de ser. Un Estado que le regatea a la universidad pública su presupuesto constitucional y, al hacerlo, impide su funcionamiento normal, se torna en un Estado inconstitucional en lo relativo a la educación pública superior. Con lo cual atenta contra el principal mecanismo de superación intelectual de su ciudadanía y contra el desarrollo humano del propio país. Tal Estado es una institución que actúa en contra de su pueblo. Y se constituye así en una incongruencia política e histórica que plantea la necesidad de ser refundado.

La agresión financiera que sufre actualmente la USAC por parte del gobierno de Jimmy Morales es, a la larga, suicida. Porque al atentar contra la institución rectora de la educación nacional, niega su voceado carácter democrático y se perfila como una institución autoritaria y dictatorial que reclama la desobediencia civil y la acción ciudadana organizada para corregir la anomalía en la que incurre.

En tal sentido, la actual defensa de la autonomía universitaria pasa por la movilización de todos los sectores universitarios que, con la solidaridad de las organizaciones populares, habrán de exigir en la calle la asignación normal del presupuesto que constitucionalmente le corresponde y que el gobierno de turno le niega con el fin de obligarla a acelerar el proceso de privatización en el que por desgracia (y debido a la presión neoliberal del Estado oligárquico) ha caído esta conspicua casa de estudios.

La actual defensa de la autonomía universitaria, que hoy se concretiza en la exigencia de su solvencia financiera al Estado autoritario que se la niega, debe constituirse en la base de una lucha más amplia y más honda: la de la defensa del carácter público del Alma Mater.

Porque sin universidad pública no habrá autonomía universitaria ni libertad de cátedra. En tal sentido, la exigencia de la inmediata asignación del presupuesto que legalmente le corresponde es también la exigencia de que no se privatice la educación pública superior y que siga vigente la tarea constitucional de la USAC: la de ser la rectora de la educación nacional, pública y privada.

Publicado el: 27/09/2018 ─ En: El Caminante│USAC