El Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica (PPTNCA) suponía de parte de Estados Unidos una inversión inicial de mil millones de dólares para promover el desarrollo de Guatemala, El Salvador y Honduras. El Plan era el instrumento legal por medio del que esta área sería militarizada con el propósito abierto de combatir el narcotráfico, y con el objetivo encubierto de proteger aquellos mil millones de dólares, los cuales tomarían la forma de inversiones de las corporaciones transnacionales de la minería, las hidroeléctricas y los monocultivos, entre otras. De modo que con el Plan, nuestros países tendrían más contaminación, más tierra ocupada por la palma africana y la caña de azúcar, y más conflictividad popular por oposición al envenenamiento del hábitat de las comunidades rurales, indígenas y ladinas.

─LOS HECHOS CONDICIONANTES─

Para preparar el terreno del PPTNCA, el Vicepresidente estadounidense Joe Biden visitó Guatemala el 2 de marzo de 2015 y expresamente pidió que la Vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti no estuviera presente en las reuniones oficiales que sostendría con el Presidente de Guatemala, un general contrainsurgente acusado de genocidio, llamado Otto Pérez Molina. Esto, porque los actos de corrupción de aquélla, usando para ello su puesto en el Estado, sólo eran superados por su cinismo público, sus escandalosos consumos de nueva rica y sus turbulentas amistades en el mundo de la droga y el crimen organizado. Biden no quería políticos impresentables en su trámite del PPTNCA. Quería sólo corruptos “decentes”. Y aunque Pérez Molina no lo era tanto, debía contar con él por razones de legalidad y legalismo internacionales. Baldetti se subió a su avión privado y se fue a Europa durante la visita de Biden, y se quejó con su amante, Pérez Molina, instándolo a no hacerles caso a los gringos, bajo el argumento de la soberanía nacional y otros cuentos de hadas.

Por eso, cuando Biden puso como condición para soltar los mil millones de dólares del PPTNCA —de los cuales una buena tajada les quedaría a los corruptos presentables—, Pérez Molina se negó y dijo que no toleraría que nadie viniera de afuera a decirle qué debían hacer los guatemaltecos en su propio país, y echó mano de los cuentos infantiles sobre la democracia, la libertad y la soberanía de los pueblos. Estúpido error de militar envalentonado. Porque entonces Estados Unidos le dio luz verde a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICG), de la ONU, para que sacudiera el árbol de corrupción del que caería el secretario privado de Baldetti y otros torvos personajes de su entorno, dejando a Pérez pendiendo de una delgada rama de aquel árbol frondoso. La acción de la CICIG tomó la forma del destape de una red de corrupción en las aduanas, en donde una banda de ladrones de cuello blanco autollamada La Línea, se dejaba sobornar por empresarios corruptos, los cuales así evadían pagar los impuestos de ley por sus importaciones y el contrabando de mercancías hacia dentro y fuera del país.

El interés de Estados Unidos y del capital corporativo transnacional al hacer esto, era frenar un poco el frenesí de corrupción de Pérez Molina y su entorno, para permitir que la corrupción tuviera un cauce menos escandaloso poniéndola en manos de políticos más cultos y discretos, salidos de la oligarquía y de su estamento neoliberal de servicios, cuyo reservorio multiplicador es la Universidad Francisco Marroquín. Para lograrlo, la táctica fue la misma que la de las llamadas “revoluciones de colores”, las cuales consisten en manipular a las capas medias urbanas (con sus festivas reivindicaciones consumistas y culturalistas) poniéndoles objetivos meramente formales (como la renuncia de los corruptos), después de logrado lo cual los movilizados en las plazas regresan a sus casas sin percatarse de que los cambios que propiciaron sirvieron sólo para que todo siguiera (no igual, sino) mejor. Obedeciendo a la agitación típica de las inducidas y manipuladas “revoluciones de colores”, las capas medias urbanas salieron a la calle el 25 de abril, pidiendo la cabeza de Baldetti y la de su secretario privado, ya para entonces prófugo de la justicia internacional.

Los hechos en desarrollo

La manifestación del 25 de abril en la Plaza de la Constitución fue del todo espontanea y sorprendente porque las capas medias urbanas, conservadoras y de aspiraciones burguesas, salieron indignadas a la calle. Esto provocó el entusiasmo hedonista de miles de jóvenes cuya mentalidad posmoderna los impele a permanecer indefinidamente en estado catártico, celebrando la ausencia de liderazgos y percibiendo su movilización como la del despertar de los buenos y honestos, en contraposición a los malos e ideologizados de derecha e izquierda. Sin embargo, el efecto subjetivo que esto tuvo en el resto de la población se tradujo en un vertiginoso crecimiento de la conciencia crítica de las capas medias más cultas y politizadas, así como en la movilización de sectores populares organizados que, tradicionalmente, habían salido a la calle por su cuenta y siendo ignorados por la clase media urbana capitalina.

Esto hizo que para la segunda convocatoria a una manifestación en la plaza, la cual tuvo lugar el 16 de mayo, los sectores populares organizados de indígenas, campesinos, estudiantes y otros, se hicieran presentes en la concentración, además de muchos más miembros de la clase media urbana. Esta segunda demostración alcanzó las 60 mil personas reunidas en la plaza, las cuales, a pesar de un fuerte aguacero, permanecieron de pie y cantando espontáneamente el Himno Nacional, todo lo cual le dio al movimiento un emotivo tinte de sacrificado patriotismo y de decisión inquebrantable en su cometido de sacar a los corruptos del Estado para llevarlos ante una justicia que no debía estar representada por jueces y magistrados corrompidos, y mucho menos pasar por el desprestigiado Congreso de la República, poblado de cómplices y operadores de la narcoactividad y el crimen organizado. Asimismo, la manifestación tuvo similares réplicas en el interior del país, en los lugares públicos más conocidos de las cabeceras departamentales.

La siguiente movilización, del 16 de mayo, acusó un gran paso adelante en la madurez de la demandas y en la creatividad de las consignas y pancartas, aunque la afluencia de personas en la plaza disminuyó porque las capas medias urbanas empezaron a aburrirse de asistir. Pero, de la simple indignación, el movimiento pasó a la exigencia de cambios estructurales en el Estado, pidiendo cambios a leyes como la Electoral y de Partidos Políticos, la de Compras y Contrataciones del Estado y otras, así como la puesta en práctica de la Extinción de Dominio de las ostentosas propiedades de los corruptos, y su pronto enjuiciamiento judicial y encarcelamiento preventivo. Se pidió asimismo posponer las elecciones programadas para el 6 de septiembre del 2015, la instalación de un gobierno de transición, la remoción del nuevo vicepresidente ultraderechista nombrado por el congreso, la convocatoria a una Asamblea Nacional constituyente y la refundación del Estado sobre la base de la garantía de la legitimidad ética y moral de la legalidad oficial. Estas eran las demandas de un conglomerado ya para entonces interclasista e interétnico.

A estas alturas, la oligarquía, representada por su brazo político, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financiera (CACIF), así como el propio Gobierno, los neoliberales, las organizaciones del fascismo anticomunista de “guerra fría” y la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, intentaron que el propio Pérez Molina y el desprestigiado presidente del Congreso encabezaran los cambios legislativos que demandaba el pueblo en las calles, pero limitados a la formalidad legislativa sin contenidos de cambio real. Lo mismo hizo el CACIF, al proponer similares cambios en las leyes. Y los medios masivos pro-oligárquicos empezaron a difundir, por medio de sus columnistas a sueldo, la especie de que “los guerrilleros” se apropiaban del movimiento popular.

Así las cosas, se llegó a la tercera movilización el 30 de mayo, la cual contó con menos afluencia de personas en la plaza, pero tuvo una fisonomía distinta de las anteriores. Los manifestantes no permanecieron fijos en la plaza sino entraban y salían de ella, y los grupos de ubicaron en diferentes puntos de la ciudad, ampliando así la reivindicación simbólica de sus anhelos. Asimismo, la madurez en las demandas de cambio estructural se dejó ver en la creatividad y precisión de las consignas y pancartas y en el rechazo a las maniobras legalistas de Pérez, la oligarquía, los neoliberales y el anticomunismo militarista.

A todo esto, la organización de las demandas se desarrollaba en dos polos: la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), que aglutinó una representativa diversidad de sectores para hacer su Plataforma Nacional para la Reforma del Estado (PNRE), y el CACIF, dentro de las cuales figuraba forzadamente el de enjuiciar a los empresarios corruptores. Esto, sobre todo, porque la CICIG había asestado unos días antes otro golpe, esta vez a una estructura corrupta dentro del Instituto de Seguridad Social (IGSS), la cual estaba vinculada a La Línea, a Pérez Molina y a instituciones como el Banco de Guatemala, la USAC y el mismo CACIF. Desde días atrás era evidente que la corrupción no recaía sólo en Baldetti y allegados, sino que tenía un carácter sistémico. Lo cual había hecho madurar el movimiento popular hacia la exigencia de cambios estructurales en el sistema político.

Sin embargo, la manifestación del 13 de junio evidenció que el movimiento de clase media urbana decaía y que quienes iban a la plaza a bailar, cantar y soplar trompetas de plástico, se aburrían y no le daban continuidad a su acción. En su lugar, los movimientos populares organizados articulaban propuestas unitarias y, unificados en la PNRE, hacían avanzar la lucha política. Sin embargo, ocurrió que en el acto de instalación de la PNRE, el Rector de la USAC nada dijo sobre posponer las elecciones a noviembre para que los cambios en las leyes afectaran a los nuevos gobernantes que asumirían el 14 de enero del 2016. Asimismo y en referencia a este punto, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) declaró que no estaba de acuerdo con romper el orden institucional, y tres días después, la OEA hizo una declaración internacional en el mismo sentido. Esto indicaba que las elecciones no se pospondrían y que los cambios a las leyes quedarían en manos del corrupto Congreso de la República, con la incidencia —eso sí— de la PNRE, la cual, auspiciada por la USAC, tendría el poder (que a la USAC le confiere la Constitución) de convertir sus propuestas en proyectos de ley.

Una iniciativa de anulación del derecho de antejuicio contra el presidente Pérez, interpuesto por un diputado indígena, el cual, paradójicamente, había votado en el pasado a favor de la infame “Ley Monsanto”, que buscaba privatizar la producción de la semilla del maíz, prosperó y quedó en manos de una comisión del Congreso. A estas alturas, empero, la renuncia del presidente era ya lo menos importante porque éste ya no tenía poder real. En su lugar gobernaba el embajador de Estados Unidos, lo cual evidenciaba que la CICIG era un instrumento de la política exterior de este país para viabilizar el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica (metiendo a la cárcel a algunos corruptos y dejando libres a otros), y que lo que diera a conocer en materia de corrupción estaría debidamente dosificado de acuerdo justamente a los intereses de esa política exterior. Por su parte, el presidente no asistió a la cita que le fijó la comisión pesquisidora en cuyas manos estaba anularle su derecho a antejuicio, sino que envió un informe circunstanciado de lo que debió haber respondido en persona. El presidente de la comisión pesquisidora fue acusado de corrupción por la CICIG, y renunció a este cargo. Asimismo, el Ministerio Público y la CICIG interpusieron denuncias de corrupción contra varios políticos contendientes en las elecciones de septiembre, distrayendo así el enfoque (ya menguado) del movimiento popular en las calles. Por su parte, el movimiento sindical oficialista, representado por una parte del magisterio y de los trabajadores salubristas, desfiló el viernes 19 de junio desautorizando las manifestaciones masivas de los sábados en la Plaza de la Constitución y haciendo demandas que nada tenían que ver con posponer las elecciones para realizar cambios que impidieran la corrupción pública. Esto fue interpretado masivamente como un apoyo abierto al presidente Pérez Molina.

Desenlace a medias

A estas alturas, parecía obvio que las elecciones se realizarían como de costumbre y que los cambios que lograra consensuar la PNRE no afectarían a quienes ganaran las mismas y gobernaran el país del 2016 al 2020. También, que el movimiento juvenil posmoderno de indignados que insistieron en no darse liderazgos ni organización ni planes tácticos y estratégicos (bajo el pretexto pueril de que eso era “tradicional”), fracasó debido a su carácter hedonista, superficial y de diversión. Las capas medias urbanas de otras generaciones se cansaron de asistir a la plaza y la reacción del Congreso, el Ejecutivo, la oligarquía, los neoliberales y el ejército se impuso. A partir de aquí, las pugnas legalistas entre quienes presentaban denuncias y amparos ante el Ministerio Público, tomó el lugar del único actor que pudo convertirse en factor de cambio y que no lo hizo: el pueblo en la calle. Al volver a su casa, el pueblo como elemento dinámico de cambio desparecía de la coyuntura, y los poderes de siempre volvían a enseñorearse de la escena política.

El sábado 20 de junio, cuando cierro estas líneas, la convocatoria a manifestar en la plaza dio como resultado una menor afluencia de personas que la del sábado 13. ¿Se recuperaría el movimiento popular y, sobre todo, maduraría dándose unidad de organización, liderazgo y objetivo político o, por el contrario, se impondría el criterio “posmo” de no tener dirigentes ni organización ni más objetivo que la indignación, la protesta festiva y la petición de que renuncien a su puesto los corruptos? De imponerse esta última opción, la misma le haría el juego a la postura legalista de “no romper el orden institucional” para que las elecciones tuvieran lugar tal y como estaban programas, en cuyo caso los cambios que la PNRE lograra consensuar servirían de muy poco. Cuando cierro estas líneas, el sábado 20 de junio a las 4:40 de la tarde, la PNRE no había dicho una sola palabra desde que había quedado proclamada como tal hacía exactamente una semana, sembrando con ello inquietud en quienes creían en ella como única posibilidad eficaz de unidad y convergencia populares para lograr los cambios que se pretendían realizar con la reseñada serie de movilizaciones masivas.

─Por: Mario Roberto Morales